Según la magistrada el MNP estaba siendo utilizado por el crimen organizado.
Se supone que la justicia debe ser imparcial y atender a todo aquel que acude a ella para reclamar la protección de sus derechos, esa es la fórmula para mantener una sociedad sana. Pero, ¿Qué podemos esperar si tenemos en nuestro Poder Judicial a magistrados que pasan por alto las denuncias?
Esta es la pregunta que me hago al recordar las declaraciones de la jueza Rosarito Montanía quien la semana pasada negaba el acceso al penal de Viñas Cue a la comitiva del Mecanismo Nacional de Prevención. La misma había dicho a la prensa que el MNP revivió una denuncia del 2018 y que estaría siendo utilizado por el Crimen Organizado para doblar a la justicia, recordando que en dicho establecimiento está recluido Tío Rico.
Sin embargo, este argumento quedó en pedazos con la incursión del MNP a la cárcel militar, pues ayer te contaba que el comisionado Orlando Castillo entrevistó a 16 personas que garantizaron que en el penal sí se dan tratos denigrantes y hasta humillaciones.
Así también llama la atención que la jueza no se haya tomado el tiempo de analizar la denuncia y haya negado este ingreso para corroborar la veracidad de las acusaciones, sacando conjeturas que lo único que hicieron fue atentar contra los derechos humanos y contra el debido proceso.
Tras el desenmascaro del MNP ni la jueza ni el defensor del pueblo Rubén Ávila, el mismo que fue a corroborar “la limpieza” del lugar, salieron a dar declaraciones y con este suceso quedaron en un completo ridículo y, sobre todo, dejaron en evidencia su negligencia a la hora de cumplir con su labor.
Está demás decir que estas medidas que intentaron aplicar las autoridades iban a beneficiar a los responsables del penal militar y sobre todo, a los supuestos responsables de las denuncias manifestadas, quienes son el Mayor Moral y el Coronel Flor.
Y, ahora ¿qué dirá la jueza? ¿seguiremos creyendo en su imparcialidad a la hora de dictar sentencias?
