El MNP ya había relevado un informe sobre la prisión militar.
En plena era democrática y con todo el auge de la protección de los Derechos Humanos y todo el lobby que se hace a diario para enaltecer las garantías de las personas, es casi increíble concebir que existan aún denuncias de torturas en las prisiones y lo peor, que todo quede impune.
Desde hace días venimos siguiendo el caso de la denuncia de presunta tortura que se gestó en Viñas Cue. En ese contexto el Mecanismo nacional de Prevención de Torturas, se constituyó hasta la prisión militar donde se les negó el acceso.
Sin embargo, es importante resaltar que no es la primera vez que saltan este tipo de denuncias. En el año 2019, el MNP ya había realizado un informe sobre una situación similar tras monitorear el establecimiento.
En aquel tiempo el equipo hizo un relevamiento de las condiciones del lugar y de las personas privadas de libertad, verificando que en la nómina de recluidos había un total de 48 personas privadas de libertad, de las cuales 36 eran militares y 12 civiles; de los 36 militares, 2 de ellos habían perdido su condición de tales por “baja deshonrosa” y eran considerados como asimilados a la población civil. Entre los civiles, en ese momento destacaba la presencia del entonces diputado Ulises Quintana.
En las entrevistas con las personas privadas de libertad, el MNP observó “una diferencia notable de percepción de las mismas con relación a aspectos que hacen a la administración cotidiana de la prisión. Mientras algunas de ellas manifestaban estar en condiciones óptimas de atención de sus necesidades, otras relataban que muchas veces son objeto de injusticias y tratos denigrantes”.
“Según la información recabada, no están los guardias físicamente a la noche permanentemente en los pabellones, sino lejos de ahí y hacen alguna guardia periódica al lugar. Esta situación, que se supone que da tranquilidad a los custodios, puede implicar una inseguridad mucho mayor por el riesgo de incendios o cualquier otro incidente, lo que implica una imposibilidad material en caso de siniestros de abrir rápidamente más de dos docenas de candados”, fue otra de las observaciones publicadas en Made in Paraguay.
Cabe resaltar que hasta la fecha, ningún organismo de control se ha manifestado hasta el momento en contra de esta situación.
