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Esta mañana el diputado renunciante denunció penalmente al magistrado que ventiló los chats de Lalo.

Orlando Arévalos

La administración de la justicia es compleja y muchas veces, la gente se enoja y despotrica sin saber que existe algo llamado “debido proceso” y esto en la propia Constitución Nacional a fin de garantizar la presunción de inocencia y la igualdad ante las leyes. En resumen, cuando existe un caso que investigar, hay pasos a seguir para evitar la invalidación del trabajo investigado.

Pero, al parecer, en el caso ya conocido como #LaloGate o chats de Lalo que acabó con la renuncia del diputado Orlando Arévalos, el juez Osmar Legal se salteó algunos pasos a la hora de exponer las pruebas, haciendo de todo esto un circo mediático y convirtiendo a la prensa en juez y fiscal de una causa en donde evidentemente, se atentó contra el principio constitucional de presunción de inocencia y derecho a la defensa del diputado Arévalos.

En ese sentido, esta mañana el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, presentó una denuncia penal en contra del magistrado y solicitó su imputación por supuesto prevaricato tras ordenar la extracción de datos de aparatos incautados en el caso Pavo Real II bajo una figura errónea, remitir parte de los datos a la Fiscalía y recién después otorgar la copia a las partes.

“La conducta del juez se va construyendo con la omisión de rechazar un requerimiento de pericia sobre elementos de prueba no conocidos (o al menos eso parecía). Esta omisión que parece menor y que algunos medios tienden a exponer como que fue una “ayuda” a la Fiscalía para la tramitación urgente del acceso a los dispositivos es el escalón previo a la comisión de la conducta central”, refiere parte del escrito presentado por el abogado.

Agrega que, a partir del error procedimental de la Fiscalía, el juez Legal “aprovechó” la oportunidad para acceder, pero por otro medio, el del Anticipo Jurisdiccional de Pruebas, que nunca fue mencionado por el Ministerio Público en su escrito.

También es importante resaltar que, hasta la fecha, el propio abogado de Lalo Gómez, Óscar Tuma, no accedió a las copias de los celulares peritados, pero tanto ABC como Telefuturo, exponen un chat a diario, salpicando a más y más personas.  Me pregunto, ¿por qué tanto interés en alimentar el morbo que genera la prensa? ¿Acaso las partes no deben tener un acceso total a las pruebas para así barajar una defensa?

¿Será posible que todo esto se trate solo de un garrote mediático? ¿Será que el juez se olvidó de esos pasos a seguir? ¿Cuál habrá sido su motivación real?

Lo cierto y lo concreto es que ahora queda en manos de las autoridades competentes si aceptan esta denuncia y le dan camino a la verdadera búsqueda de la verdad y la justicia.

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