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También la Academil tiene en su haber denuncias de torturas.

Los padres y abogados que solicitaron el cambio de fiscales – Foto ABC

Haciendo una hojeada hacia los estamentos militares en consecuencia a las denuncias de presuntas torturas en la cárcel de Viñas Cue que venía contándoles, me percaté de que en la Academia Militar o Academil, presumiblemente también se recurren a las prácticas de humillaciones, escupitajos y hasta agresiones físicas. Según la creencia que se maneja en el vox populi, estas prácticas sirven para “doblegar” el carácter y volver sumisos a los futuros soldados que en un futuro, se convertirán en una máquina de obediencia a sus superiores. Esto es considerado hasta casi un mito, pues de cuentos y de “dicen qué” no habíamos pasado hasta que surgieron denuncias hechas oficialmente.

El año pasado, padres de aspirantes a militares realizaron denuncias de presuntas torturas aplicadas por los superiores de la academia a los estudiantes, llegando incluso a lesiones físicas de consideración.

Hace apenas un par de días, en el diario ABC se publicó que los familiares de los presuntos torturados, pidieron que se aparten del caso las fiscales asignadas a la investigación, ellas son: Sonia Sanguinez y Sussy Riquelme, ya que afirman que demostraron parcialidad en el caso y hasta ahora no lograron esclarecer el hecho, como una especie de encubrimiento a los presuntos responsables.

Estas denuncias fueron realizadas luego de que un joven haya sufrido traumatismos en varias partes del cuerpo y otro, al mismo tiempo, fue encontrado con la mano cortada. Estos hechos fueron denunciados ante la Defensoría del Pueblo, el caso pasó al Ministerio Público pero hasta ahora no se avanzó mucho que digamos.

¿A quién realmente están cubriendo? ¿Por qué no se aclara este y otros casos similares? ¿Qué esconden los militares? ¿Dónde están los Derechos Humanos en estos casos o solo se presentan cuando las denuncias provienen de reos comunes o de personas que deben a la Ley?

Todas estas preguntas yacen en el cajón que guardan los expedientes y no serán respondidas hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto y obren conforme a lo que establece la Ley.

 

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